El grupo socialista de la Federación de Municipios de Extremadura (Fempex), va a pedir una reunión urgente en el seno de este órgano con el objetivo de debatir y consensuar la reforma de Ley de Bases de Régimen Local que el Gobierno de España prevé aprobar por decreto en el Consejo de Ministros del día 25 de enero.

Miguel Ángel Gallardo, vicepresidente de la Fempex, ha señalado que le pedirán al gobierno que no la apruebe porque supone “un atropello”. Según Gallardo, el gobierno del PP pretende “menoscabar la autonomía local” y aprobar esta ley sin consenso, imponiendo sus ideas, “pero no se puede permitir aprobar esta ley tan importante de manera unilateral porque los ayuntamientos de los municipios españoles están gobernados por todo tipo de partidos”.

El vicepresidente advierte que el Gobierno Central pretende sacar adelante esta ley “sin el respaldo de una parte importante de la sociedad extremeña”.

Gallardo explica que el PSOE está de acuerdo en la revisión y reforma de la ley actualizándola ya que se trata de una norma con más de 30 años,  establecida en el año 1985, y con la racionalización de los servicios bajo los principios de eficacia y eficiencia, y que todas las administraciones pasen el filtro del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, como explica Miguel Ángel Gallardo, lo más importante que debería establecer la ley como es la definición de las competencias de las administraciones no lo recoge. Gallardo se pregunta cuáles son las pretensiones del PP, como es “recortar la democracia, impedir que los partidos minoritarios entren en los gobiernos o privatizar los servicios en manos empresas cercanas al PP”.

Con esta ley, concluye Gallardo, “no ganan ni los ayuntamientos ni los ciudadanos ya que esta administración es la más cercana a ellos”. Incluso señala que se trata de una ley anticonstitucional ya que restringe lo establecido en el artículo 140 de la Constitución que establece la autonomía local. Además, para el PSOE no es justo que se pretenda recortar a las administraciones menos endeudadas, y les den el mismo tratamiento que a las demás, ya que los ayuntamientos suponen sólo el 4% de la deuda pública frente al 96% que acapara el gobierno y las comunidades autónomas.

En lo que sí está de acuerdo el PSOE es en la regulación de los sueldos de los alcaldes y concejales liberados, ya que se trata de un modelo que está implantado en Extremadura, y que fue consensuado en la Fempex  con un presidente socialista, sólo que se trata de un modelo voluntario.

Para el vicepresidente de la Fempex, si el gobierno quiere racionalizar los servicios lo que tiene que hacer es derogar la Ley de Grandes Ciudades que supone un “auténtico despilfarro económico”, dice Gallardo.