El equipo de gobierno de Villanueva de la Serena rechazó en la tarde de ayer las ocho propuestas que conformaban el orden del día del pleno extraordinario celebrado a petición del PP. Unas propuestas, calificadas por el portavoz del ejecutivo socialista, Manuel Mejías, de “absurdas, que no aportan nada a Villanueva y que además supondrán un gasto de 3.000 euros para los villanovenses con motivo de la celebración de esta sesión”.

Asimismo, cuatro de estas propuestas, relativas en su mayoría cuestiones de empleo, no se ajustaban a la legalidad, tal y como reprochó el gobierno a los populares basándose en informes elaborados por los técnicos municipales.

La edil de IU, Encarna Muñoz, decidió abandonar el pleno nada más iniciarse “por la actitud caciquil del Alcalde, que antes de iniciarse la sesión ya había llenado el salón con militantes socialista, por lo que esto parecía la sede del PSOE”.

A esta denuncia también se sumaron los integrantes de la Plataforma de Parados que indican que pese a estar desde las cinco de la tarde en la puerta del Ayuntamiento “no se les ha permitió pasar”.

Otro que también abandonó el pleno a mitad de sesión fue el portavoz del PP, José Antonio Manzano, por motivos laborales. Éste culpó al Alcalde de poner el pleno por la tarde sabiendo que tenía que trabajar, mientras que Miguel Ángel Gallardo recordó después que en base a la Ley de Bases de Régimen Local podía haber asistido al mismo como cargo electo.

Respecto a las propuestas del PP, el gobierno aportó informes técnicos para sustentar que tanto la petición de convocatoria de plazas de la Policía Local, como la convocatoria de las plazas de personal cubiertas por contratos temporales “no se ajustan a la legalidad y, de aprobarse, podrían estar en fraude de ley”. De igual forma se tachó de ilegal que las pagas extra de liberados y personal eventual de confianza se destine a contratos de trabajo de emergencia social, “pues esas cantidades han quedado anuladas”, mientras que también se justificó la falta de viabilidad de dar más puntos por no haber trabajado en el Ayuntamiento en los procesos de selección, “dado que los decretos de contratación los elabora la Junta”, dijo Mejías.

El portavoz del PP, José María Casado, señaló que aunque respetan los informes técnicos “nosotros tenemos nuestros informes que respaldan que estos puntos no son ilegales”.

También se rechazó la reducción de las asistencias a los órganos colegiados del Ayuntamiento al 50%; la puesta en marcha una bolsa de trabajo, pública y abierta, la petición de dimisión de la edil de Hacienda por mentir en relación al sueldo del Alcalde, así como la petición de cumplimiento de la Ley sobre contratos temporales y por obras y servicios.