Desde la noche de ayer miércoles, 10 de enero, entró en vigor la obligatoriedad del uso de mascarillas en hospitales y centros de salud de toda España por orden del Ministerio de Sanidad.

La Junta de Extremadura ha acatado la orden del Ejecutivo Nacional y exigirá el uso obligatorio de mascarillas en los centros sanitarios, pero afirma que realizará un análisis para determinar si esta medida ha "incumplido la legalidad" establecida por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

La ministra de Sanidad Mónica García, explicaba en rueda de prensa el porqué de esta decisión: «Vemos que la medida mínima básica es que en los centros de salud, donde de alguna manera se concentran los pacientes y puede haber un mayor número de contagios, seamos capaces de unificar ese criterio, y eso sí que es competencia del Ministerio de Sanidad». Una orden que contempla también la recomendación del uso de la mascarilla en farmacias y centros residenciales de personas vulnerables.

Consejería Extremadura

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, afirma que acatan la decisión por imperativo legal pero los servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de recurrirla, porque no se ha escuchado a técnicos, no se ha seguido el procedimiento habitual en la toma de decisiones en el CISNS y se ha tratado con una imposición, destaca, lo que no se consiguió con unanimidad el lunes en el Consejo Interterritorial.  

Opinión social

Otras de las voces que hay que escuchar son las de la población. Entre los encuestados, una de cada cinco personas está en contra de que les obliguen a volver a llevar mascarillas, mientras que las otras cuatro personas de cada cinco entienden que esta obligatoriedad de su uso en los hospitales y centros de salud es comprensible e incluso necesaria.